domingo, 30 de septiembre de 2012

Política voluntaria


Si tal como hemos estudiado nuestro actual sistema de gobierno se basa en la Democracia nacida en la Grecia clasica, (sabemos que “demos” significa pueblo y “kratos” viene a significar algo así como gobierno o poder), ya tendríamos instaurado el gobierno del pueblo como nuestro sistema de gobierno, lejos de dictaduras y otros ejercicios de poder en los que no participan los gobernados/votantes.
Este gobierno se basa en la igualdad de todos los ciudadanos, en la representación de éstos en las dos cámaras y en el peso de las provincias que la distribución territorial de senadores asegura como garantía. Todo tal y como queda recogido en la Constitución de 1978.
El planteamiento de unas Cortes regionales y también nacionales (vamos a por todas), compuestas únicamente de políticos voluntarios que no cobrarán un sueldo por realizar estas tareas, se nos quiere presentar como el estado ideal ético y también lógico para el ahorro en época de recesión.
Claro, es evidente: todos los que estén allí lo harán sólo por vocación de servicio, por entrega y por compromiso; vamos, como los voluntarios de cualquier ONG que prestan su tiempo, esfuerzo y conocimientos a favor de una causa más o menos solidaria con sus semejantes, con el medio ambiente, con el desarrollo o con la investigación…por ejemplo.
Pero yo veo unos problemillas de nada…
  • los voluntarios de estas entidades prestan su tiempo libre y se implican con las organizaciones en detrimento de su ocio, lo hacen a veces en jornadas intermitentes, de pocas horas e incluso de medias horas.
  • Los voluntarios no gestionan, se limitan en general a colaborar en las tareas que los gestores de las ONG (y estos sí cobran) les señalan.
  • A pesar de lo que parezca con tanto recorte y recesión, hasta los voluntarios necesitan ganarse la vida y o tienen recursos propios que les permitan pagar las facturas sin depender de un contrato o cumplirán con las imposiciones y horarios propios del asalariado por cuenta propia o ajena, por lo que la labor voluntaria será un complemento vital no su actividad principal.

El Estado, las Comunidades, las Diputaciones, los Ayuntamientos, la gestión de los recursos que estas entidades controlan deben hacerse a jornada completa, implican un tipo de trabajo que exige una dedicación y un esfuerzo que sólo el desprecio por la ciudadanía y sus problemas puede ver como un mero servicio voluntario.
Los políticos democráticamente elegidos por los ciudadanos NO PRESTAN SU TIEMPO LIBRE, deben dedicar su tiempo principal a proponer y ejecutar estrategias y políticas que pongan en práctica el programa por el que fueron votados.
Los políticos democráticamente elegidos por los ciudadanos GESTIONAN y GOBIERNAN en Ayuntamientos, Comunidades y Estados, no se limitan a colaborar en tareas que algún otro ha ideado y estructurado. Les es exigible una implicación y profesionalidad que no de lugar a dudas sobre su nivel de entrega en el proyecto.
Los políticos democráticamente elegidos por los ciudadanos deben también pagar sus facturas  por lo que si las obligaciones de su cargo exigen el abandono reiterado de su puesto de trabajo ajeno a la política en caso de ser su ACTIVIDAD PRINCIPAL, impedirá que sea óptimo el rendimiento en cualquiera de sus tareas tanto de su actividad principal como de la secundaria o complementaria.

Ahora bien, si tal y como la Presidenta de CLM desea, los políticos no cobran por el desarrollo de una actividad que les equipara con profesionales de alta cualificación, que gestionan grandes y numerosos recursos, y que les ocupa durante extensas jornadas de trabajo, tendremos que ver como poco a poco los escaños de Parlamentos, de Diputaciones o de Ayuntamientos se vacían. Se van quedando sin personas comprometidas con la política y la ideología que aspiran a gestionar el país desde sus propuestas pero que no cuentan con recursos económicos que sustenten su participación en la vida politíca y se van llenando de descendientes de buena y adinerada familia, de profesionales sin ideología al servicio de grandes empresas que pagan sus nóminas para hacerse con los recursos del Estado, o de filántropos apáticos en busca de nuevas sensaciones.

Sra. Cospedal la política no es un pasatiempo, necesita dedicación y trabajo a tiempo completo y los ciudadanos que no cuentan con recursos deben poder ser candidatos y ser elegidos, así como contar con un sueldo digno que sustente su vida durante el período que forme parte de los órganos representativos del Estado. Un sueldo que garantice su independencia y aleje las tentaciones de servir a otros intereses que no sean los de la defensa de sus propuestas.

La Democracia es el gobierno del pueblo, no de una elite económica y también de rancia ideología deseosa de perpetuarse en el poder a costa de excluir sistemáticamente a los no forman parte de su grupo, a los que no cuentan con recursos suficientes para acceder en condiciones de igualdad a los estamentos del Estado. 

viernes, 21 de septiembre de 2012

Mociones presentadas en Pleno Ayto. de Olías del Rey (17/09/2012)

En el pleno celebrado el pasado 17 de septiembre de 2012 en el Ayuntamiento de Olías del Rey, el Grupo Municipal de IU, presentó a la consideración de la corporación municipal algunas mociones de interés para los vecinos, entre las que destacamos las siguientes cuestiones:
  • Moción relativa al ajuste del IVA escolar. 
  • Moción relativa a quejas ciudadanas por ratas en el municipio.
  • Moción relativa al Posicionamiento del Ayuntamiento de Olías del Rey ante el Proyecto de Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, propuesto por el Gobierno Central a la Federación de Municipios y Provincias.
Queremos destacar que de las tres mociones presentadas, sólo la tercera fue aprobada parcialmente en el pleno. Reproducimos la moción y señalamos en color los puntos que fueron aprobados (puntos 2 y 3), ya que el punto 1 queda a la espera de conocer el texto definitivo:


El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Olías del Rey, presenta para su debate la siguiente moción, sobre: “Posicionamiento del Ayuntamiento de Olías del Rey ante el Proyecto de Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, propuesto por el Gobierno Central a la Federación de Municipios y Provincias”.
 El Gobierno del PP dentro del marco de “reformas” que ha decidido emprender ha presentado a la FEMP un documento de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos bajo el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Antes de entrar a valorar el contenido de la propuesta de reforma presentada merece la pena recordar que desde el conjunto del municipalismo español y en especial desde IU se viene exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la Ley de Bases de régimen local de 1985 por considerar que la misma en algunos de sus aspectos había quedado obsoleta y que era necesario abordar con seriedad la nueva legislación teniendo en cuenta la nueva realidad municipal , la experiencia de gestión adquirida en estos mas de 35 años y la necesidad de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera local .

El Gobierno justifica la modificación de 14 artículos de la Ley de Bases de régimen local en la necesidad de adaptar este texto a la nueva ley de estabilidad presupuestaria.

Tal justificación no puede calificarse más que como falsa y mentirosa por las siguientes razones:

1º:- Los ayuntamientos tienen establecida por ley, desde hace mucho tiempo, el cumplimiento del equilibrio presupuestario no pudiendo aprobar en ningún caso presupuestos con déficit y viéndose obligados en caso de existir el mismo al finalizar el ejercicio a aprobar el siguiente presupuesto con el superávit suficiente para cubrir el déficit. Por tanto ni era urgente ni era necesaria una modificación legal para garantizar un principio que en el caso municipal ya existía desde hace mucho tiempo.
Los ayuntamientos tienen grandes y graves problemas económicos pero los mismos no se han derivado de la inexistencia de una ley que no estableciera controles presupuestarios sino que se deriva de una insuficiencia histórica de la financiación local y en la actual crisis económica de una caída brutal de los ingresos.

2º.- La aportación de los ayuntamientos al déficit del conjunto de las administraciones publicas en nuestro país es absolutamente irrelevante , por lo que no se comprenden medidas tan radicales como las previstas para solventar un problema inexistente o de escasa entidad.

3º.- La reforma planteada más parece una venganza antimunicipalista que una propuesta que pretenda abordar algún problema, buscar alguna solución a los problemas de los ciudadanos.

La propuesta presentada pretende modificar parte del articulado de la Ley de bases de régimen local, concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias:
- Delimitación competencial de los municipios
- Gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales
- La comarca
- Convenios y consorcios.
- Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos.
La reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de estabilidad presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera.

Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.
En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado.

En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación.

A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.

En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad.

En tal sentido hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras. Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.

Se incorpora el principio de una administración una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc., y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.
También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos.

Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.

No se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de estabilidad presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley.

Desde el Grupo Municipal de IU, analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local previsto en el Art 142 de la Constitución que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente, sin capacidad de gestión.

Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los dependientes, etc. servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer , desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.

Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público.
En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre `porque legalmente siempre se les ha exigido.

Por todo ello presentamos al Pleno para su debate y aprobación si procede la siguiente

MOCIÓN

1. El Pleno del Ayuntamiento de Olías del Rey, exige la retirada del Proyecto de Reforma de la Ley de Bases, cuyo borrador ha sido entregado a la FEMP.

2. Instamos al Gobierno a negociar con los Ayuntamientos, partidos políticos, agentes sociales y colectivos afectados, una reforma de la Ley, cuyo objetivo sea desarrollar el artículo 142 de la Constitución, garantizando la financiación de los Ayuntamientos, como Administración más cercana al ciudadano, que debe ser un elemento fundamental para la superación de la crisis económica.

3. Consideramos los Ayuntamientos como instituciones fundamentales de cohesión social, dotando de competencias y recursos para desarrollar y gestionar áreas de bienestar social o políticas activas de empleo y desarrollo económico en los municipios.

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La modificacin de la ley de bases reduce la Democracia y resta autonomía a los Ayuntamientos lo que traducido al lenguaje de la calle consiste en restar derechos a los ciudadanos.


jueves, 13 de septiembre de 2012

Furgonetas-patera (Nota de prensa)



LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PONE EN PELIGRO A MAS DE 80 ESCOLARES EN OLÍAS DEL REY.


“Otra vez, los más indefensos, los niños en esta ocasión, serán los perjudicados por los recortes del PP en Castilla-La Mancha”

Olías del Rey, sólo tiene un colegio público en la localidad, es el C.E.I.P. Pedro Melendo García. Es un centro público que acoge a niños y niñas de entre 3 y 12 años.   

La particularidad de Olías del Rey es la dispersión de su población, ya que cuenta con muchas urbanizaciones alejadas del núcleo urbano, enclavadas en la denominada “zona sur”, la cual se encuentra a 4.8 Km. del centro urbano, y por lo tanto del colegio público.

Hasta este año, marcado por la que el PP denomina para todo “herencia socialista”, la zona sur tenia cubierto el servicio de transporte escolar gratuito para algo más de 80 niños y niñas de entre 3 y 12 años.
Muchos de los padres de estos, no tienen vehículo propio, carnet conducir, o dinero suficiente para rellenar el depósito de combustible.
Se levantaban tranquilos sabiendo que sus hijos llegarían a tiempo a las clases y correctamente acompañados tal y como marca la legislación por una persona adulta que les acompañaba en la ruta escolar.
Este servicio cubría necesidades básicas para aliviar la maltrecha economía familiar.

Esta situación ha dado un vuelco tras el 27 de julio momento de publicación del Decreto que regula el transporte escolar en Castilla-La Mancha, y que deja nulo, cualquier margen de negociación y maniobra para poder solucionar un problema que se ha presentado a la comunidad educativa en periodo vacacional.
Desde el decreto de 27/07, sólo las “poblaciones rurales dispersas”, concepto de muy rebuscada y difícil definición desde el punto de vista legislativo, que estén a más de 5 Km. del núcleo urbano tendrán derecho a transporte escolar. Los demás núcleos de población que distan menos de 5 Km. quedan afectados por el transporte urbano.
Esta exclusión por parte de los responsables de la Consejería deja fuera de la garantía de un transporte escolar seguro a los niños y niñas menores de edad, desde sus viviendas al centro donde cursan sus estudios.

Los escolares de la zona sur de Olías del Rey cuyos padres o tutores no puedan hacer más gastos, deberán acudir a su centro después de recorrer 4,8 Km. por caminos sin acerado ni alumbrado adecuado, por la autovía A42, por la vía de servicio. Esto será así, llueva, nieve o truene en cualquier época del año; o bien para aquellos pocos que puedan pagar algo de dinero recurrir a las FURGONETAS-PATERA, que pueden organizarse en la zona sur para cubrir el recorrido de la ruta escolar.

Se pueden dar situaciones verdaderamente peligrosas que hagan lamentar algunas decisiones por la decisión de la Consejería de Educación de escatimar en lo más preciado como es la seguridad de los escolares a los que faltan prácticamente 200 metros para poder utilizar un transporte escolar que hasta ahora les ha dado servicio.
Queremos que la Educación Pública sea Universal, y Gratuita, y desde IU de Olías del Rey queremos que así siga siendo. Estamos convencidos que la mejora de ésta no pasa por reducir los recursos, y achacarlo a la “herencia recibida”.

Por este logro hemos luchado y 
seguiremos luchando muchos colectivos.