miércoles, 5 de agosto de 2015

El agua: un pacto necesario

IZQUIERDA UNIDA IMPULSA LA FIRMA DEL PACTO SOCIAL POR EL AGUA PÚBLICA EN TOLEDO
La protección del entorno y la preocupación creciente para asegurar un desarrollo sostenible, donde el uso racional del agua es una parte de importancia indiscutible, se han transformado en objetivos primordiales de la acción de los poderes públicos a todos los niveles. IU defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello impulsa su gestión pública, y apoya las luchas sociales contra la privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Los gobiernos deben abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios.
Esta mercantilización y las graves consecuencias para la ciudadanía que ve atacado los pilares de calidad, transparencia y eficacia de las administraciones en la gestión de este derecho humano, es el que está llevando a la sociedad civil a movilizarse contra una tendencia que solo resiste en nuestro país, que es la de privatizar este servicio, mientras en el resto del mundo la tendencia es la contraria, es la de “desprivatizar” el servicio. La sociedad civil, de forma consensuada, está decidiendo que prefiere un modelo público de gestión basado en criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación social, y eso es el PACTO SOCIAL POR AGUA PÚBLICA EN TOLEDO, que desde hoy mismo comenzamos a trabajar para conseguirlo en los municipios de la provincia, cuyo objetivo final conduzca hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Queremos consensuar con el resto de fuerzas políticas y todos los actores sociales un modelo de gestión de agua que considere el servicio como de acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos, y que ese Pacto Social quede regido por los principios de:
Servicio público 100%
Empleo, ya que consideramos que la calidad del empleo se pierde al quedar vinculado el trabajador al resultado de cuentas de una empresa, en vez de formar parte de este ciclo integral de este Derecho Humano.
Solidaridad, ya que consideramos que debe asegurarse desde la administración una dotación mínima de entre 60 y 100 litros de agua por persona y día, incluso en caso de impago
Investigación, estableciendo planes concretos de investigación sobre la gestión del ciclo integral del agua
Responsabilidad, ya que los ayuntamientos son los que deben implicarse de forma decidida para velar por el cumplimento tanto de los puntos del Pacto, como de la legislación aplicable en cada momento, como la Directiva Marco del Agua
Control social, estableciendo mecanismos para asegurar dicho control del agua, con transparencia y participación ciudadana efectiva.
Este cambio de modelo al que tenemos que enfrentarnos persigue tres objetivos generales fundamentales. Uno es frenar la ofensiva privatizadora de este derecho ciudadano que solo busca el interés del beneficio empresarial y que está basada en la gestión integral del servicio a partir de un canon concesional (dinero que entra en las arcas municipales y que ni siquiera acaban invertido en el propio servicio). En segundo lugar conseguir la meta de la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. Y en tercer lugar impulsar un modelo transparente, público y participado.
Desde Izquierda Unida creemos que la privatización del agua desfigura y limita el poder democrático municipal. Frente a esto, la iniciativa contemplada desde el Pacto Social por el Agua Pública  debe suponer la paralización definitiva de la privatización de nuestra agua, así como sentar las bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo. Queremos que LA DEMOCRACIA LLEGUE AL AGUA,  que lo mismo que decir que la Democracia llegue a la ciudadanía.