Mostrando entradas con la etiqueta Transparencia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Transparencia. Mostrar todas las entradas

sábado, 24 de octubre de 2015

EL TRABAJO CON DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA

El planteamiento de la labor de unos políticos entregados a la causa y que no cobren sueldo alguno por realizar esas tareas, se nos quiere presentar como el estado ideal y ético.  El político que no cobra en su vocación de servicio público se le asimila con ligereza a cualquier voluntario de ONG que presta su tiempo, esfuerzo y conocimientos a favor de una causa solidaria con sus semejantes, el medio ambiente, el desarrollo o la investigación. ¡Que maravilla!.

Los políticos democráticamente elegidos por los ciudadanos NO PRESTAN SU TIEMPO LIBRE, deben dedicar su tiempo principal a proponer y ejecutar estrategias y políticas que pongan en práctica el programa por el que fueron votados. Les es exigible una implicación y profesionalidad que no de lugar a dudas sobre su nivel de entrega en el proyecto.

Si los políticos no cobran por el desarrollo de una actividad que les equipara con profesionales de alta cualificación, que gestionan grandes y numerosos recursos, y que les ocupa durante extensas jornadas de trabajo, tendremos que ver cómo poco a poco los escaños de Parlamentos, de Diputaciones o de Ayuntamientos se van llenando de descendientes de buena y adinerada familia, de profesionales sin ideología al servicio de grandes empresas que pagan sus nóminas para hacerse con los recursos del Estado, o de filántropos apáticos en busca de nuevas sensaciones.

La política no es un pasatiempo, necesita dedicación y trabajo a tiempo completo y los ciudadanos que no cuentan con recursos deben poder ser candidatos y ser elegidos, así como contar con un sueldo digno que sustente su vida durante el período que forme parte de los órganos representativos del Estado. Un sueldo que garantice su independencia y aleje las tentaciones de servir a otros intereses que no sean los de la defensa de sus propuestas.

Ahora bien, es bueno y recomendable que los ciudadanos se interesen por los sueldos de sus políticos, de TODOS sus políticos y calculadora en mano hagan cuentas de asignaciones a grupos políticos, asignaciones por número de cargos y asignaciones por asistencias a las diferentes actividades y que de sería el sueldo que cada uno esta dispuesto a percibir en caso de dedicarse a ello como cualquier profesional.

Además Izquierda Unida comprende que el salario, provenga de la empresa privada o de una institución o empresa pública, nunca debe servir para el enriquecimiento ilícito de la persona, si no remunerar su actividad, incluso su actividad dedicada a la política.

Izquierda Unida tiene tasado ese salario para TODOS los cargos públicos por decisión de los órganos de dirección del partido en una cuantía que oscilará obligatóriamente entre las 2,5 y 3 veces el pírrico Salario Mínimo Interprofesional (648 euros). Los concejales de Izquierda Unida en este ayuntamiento están en este rango salarial recibiendo la remuneración de otra institución que no es el ayuntamiento de Olías.


Es un avance social muy importante que la ciudadanía exija explicaciones sobre la ocupación de los políticos, ya que nosotros entendemos que también se debe hablar de la dignidad laboral en materia salarial. 
Estamos a vuestra disposición los martes entre las 17:00 y las 19:00 en el local del grupo municipal de IU en la segunda planta del edificio del ayuntamiento.

miércoles, 5 de agosto de 2015

El agua: un pacto necesario

IZQUIERDA UNIDA IMPULSA LA FIRMA DEL PACTO SOCIAL POR EL AGUA PÚBLICA EN TOLEDO
La protección del entorno y la preocupación creciente para asegurar un desarrollo sostenible, donde el uso racional del agua es una parte de importancia indiscutible, se han transformado en objetivos primordiales de la acción de los poderes públicos a todos los niveles. IU defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello impulsa su gestión pública, y apoya las luchas sociales contra la privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Los gobiernos deben abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios.
Esta mercantilización y las graves consecuencias para la ciudadanía que ve atacado los pilares de calidad, transparencia y eficacia de las administraciones en la gestión de este derecho humano, es el que está llevando a la sociedad civil a movilizarse contra una tendencia que solo resiste en nuestro país, que es la de privatizar este servicio, mientras en el resto del mundo la tendencia es la contraria, es la de “desprivatizar” el servicio. La sociedad civil, de forma consensuada, está decidiendo que prefiere un modelo público de gestión basado en criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación social, y eso es el PACTO SOCIAL POR AGUA PÚBLICA EN TOLEDO, que desde hoy mismo comenzamos a trabajar para conseguirlo en los municipios de la provincia, cuyo objetivo final conduzca hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Queremos consensuar con el resto de fuerzas políticas y todos los actores sociales un modelo de gestión de agua que considere el servicio como de acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos, y que ese Pacto Social quede regido por los principios de:
Servicio público 100%
Empleo, ya que consideramos que la calidad del empleo se pierde al quedar vinculado el trabajador al resultado de cuentas de una empresa, en vez de formar parte de este ciclo integral de este Derecho Humano.
Solidaridad, ya que consideramos que debe asegurarse desde la administración una dotación mínima de entre 60 y 100 litros de agua por persona y día, incluso en caso de impago
Investigación, estableciendo planes concretos de investigación sobre la gestión del ciclo integral del agua
Responsabilidad, ya que los ayuntamientos son los que deben implicarse de forma decidida para velar por el cumplimento tanto de los puntos del Pacto, como de la legislación aplicable en cada momento, como la Directiva Marco del Agua
Control social, estableciendo mecanismos para asegurar dicho control del agua, con transparencia y participación ciudadana efectiva.
Este cambio de modelo al que tenemos que enfrentarnos persigue tres objetivos generales fundamentales. Uno es frenar la ofensiva privatizadora de este derecho ciudadano que solo busca el interés del beneficio empresarial y que está basada en la gestión integral del servicio a partir de un canon concesional (dinero que entra en las arcas municipales y que ni siquiera acaban invertido en el propio servicio). En segundo lugar conseguir la meta de la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. Y en tercer lugar impulsar un modelo transparente, público y participado.
Desde Izquierda Unida creemos que la privatización del agua desfigura y limita el poder democrático municipal. Frente a esto, la iniciativa contemplada desde el Pacto Social por el Agua Pública  debe suponer la paralización definitiva de la privatización de nuestra agua, así como sentar las bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo. Queremos que LA DEMOCRACIA LLEGUE AL AGUA,  que lo mismo que decir que la Democracia llegue a la ciudadanía.


domingo, 21 de julio de 2013

La danza de los siete velos

En teoría se nos ha intentado hacer creer que con la Ley de Transparencia conoceríamos en qué se gasta el dinero el gobierno, cuáles son los grandes asuntos y acuerdos que prioriza el ejecutivo y por dónde tiran las políticas y los asuntos de Estado

Pues vamos a ir olvidando que así sea y uno a uno caerán los siete velos para dejar al aire las vergüenzas que evidencian la opacidad del Partido Popular en variadas materias.


  • Primer velo: El Gobierno español reitera que el acceso a la información no es un derecho fundamental, después de mucho debatir. Que lo reconozcan numerosos organismos y tribunales internacionales no quiere decir que tengamos que declararlo aquí, que ya se sabe como son los guiris.
  • Segundo velo: Será de obligado cumplimento publicar toda la información sobre proyectos normativos, planes y su evaluación, presupuestos y su ejecución, contratos, convenios, subvenciones, cuentas públicas, retribuciones e indemnizaciones de altos cargos, etcétera. También podrían incorporarse por vía de enmiendas la publicación de información sobre las agendas de los altos cargos, sus currícula, el patrimonio público, etcétera. El resto de informaciones podrá solicitarse individualizadamente, con un plazo razonablemente breve de respuesta. Esperemos que la publicidad del procedimiento y solicitud de consulta de esta información sea un poquito más eficiente que los formularios para las tasas judiciales.
  • Tercer velo: El art. 15 declara algunas cositas que se excluyen, que no son menos importantes a saber: la información auxiliar y de apoyo, como notas, borradores, informes internos, comunicaciones y otras de divulgación que requieran reelaboración. Traducido no vamos a saber jamás quién dijo qué o argumento cómo, ni se opuso, ni si se tomó la decisión en base a qué informes, ni cuantos intervinieron en el peso que tiene una u otra opción...por poner un ejemplo.
  • Cuarto velo: Se promete la conformación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, parte de profesionales “independientes”. Si, si tan independientes como el presidente del Tribunal Constitucional, el honorable Francisco Pérez de los Cobos
  • Quinto velo: La condena impuesta a Access Info Europe a pagar una multa por ATREVERSE a preguntar en el Congreso qué medidas se están tomando para frenar la corrupción en España. Tan sólo por preguntar 3000 euritos vas a pagar.
  • Sexto velo: El Consejo de Ministros, del 15 de octubre de 2010, declara secretos 17 materias genéricas que incluyen casi todos los cables y notas diplomáticas, sin importar su fecha de elaboración que entren o salgan del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. A día de hoy no se ha revisado ni se piensa en hacerlo en próximas fechas
  • Séptimo velo: y el más doloroso para los ciudadanos de a pie, gracias a SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Comunicaciones) y a José María Aznar que tuvo a bien imponerlo en 2001, los que seremos transparentes para el gobierno seremos los contribuyentes. Este sistema electrónico lee y graba correos y conversaciones telefónicas a diestro y siniestro sin autorización del afectado.

¡¡¡¡ JA,JA,JA,JA !!!!
perdonen que me carcajee, pero todo esto de la Ley de Transparencia  que sobre el papel queda ideal de la muerte ¿quién lo va a hacer efectivo? por que el trabajo para recopilarlo, ordenarlo, prepararlo, subirlo a la red, o elaborarlo en papel o electrónicamente, revisarlo y servirlo a los ciudadanos, a los organismos o al lucero del alba, no lo hacen ni los asesores, ni los ministros y lo que son los vilipendiados funcionarios ya tienen bastante con el día a día.